La Comisión Europea aprobó el miércoles 11 de noviembre su propuesta de Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act), la revisión más amplia de las normas de consumo de la Unión en veinte años, según la propia Comisión. Va contra los patrones oscuros, las suscripciones difíciles de cancelar o los precios que cambian según quién compra, y tiene tres artículos escritos pensando en los videojuegos: las monedas virtuales, las cajas de botín y el «pay to win».
Como pasó en septiembre con el EU KIDS Act, es una propuesta. El Parlamento Europeo y el Consejo, donde se sientan los gobiernos, tienen que negociarla y pueden cambiarla, y nada de lo que sigue obliga todavía a nadie.
Cajas de botín: probabilidades a la vista y un botón para quitarlas
El texto no habla de cajas de botín sino de «sistemas de recompensa variable de pago»: objetos virtuales con premio aleatorio o probabilidades variables que se compran con dinero o con moneda virtual comprada con dinero. El preámbulo pone como ejemplos las propias cajas, las ruletas de la fortuna y los sobres de cartas coleccionables, y justifica la regla en que comparten los rasgos especulativos del juego de azar.
El artículo 15 pide tres cosas. A todos los jugadores, adultos incluidos, el juego tendría que decirles qué objetos pueden salir y con qué probabilidad, y darles una herramienta sencilla para desactivar las compras de este tipo. Y si el juego va dirigido a menores, o la empresa sabe con certeza razonable que lo usan menores, no podría ofrecérselas a ellos.
«Pay to win» y monedas virtuales
El artículo 16 hace lo mismo con el «pay to win» y el «pay to progress»: las compras que son necesarias, o que se presentan como necesarias, para avanzar o para ganar. El preámbulo las describe como barreras artificiales de dificultad, ritmos de progreso que hacen ilusorio el camino gratuito o competiciones en las que manda el gasto. A los menores, prohibidas.
Las monedas virtuales no se prohíben, pero cambian. Un juego que venda sus gemas, sus monedas o sus puntos tendría que indicar al lado de cada cosa cuánto cuesta en dinero de verdad, en la moneda con la que se compró la primera moneda virtual; en España, en euros. Y si el juego es para menores, la moneda de pago vendría desactivada de serie y sólo un padre, una madre o un tutor podría encenderla.
El artículo 17 añade una cuarta pieza, el diseño adictivo: quien no sea menor podría apagar las funciones pensadas para que se use el producto de forma compulsiva, y algunas quedarían prohibidas para los menores.
Qué juegos se consideran «para menores»
Es la pregunta de la que depende todo, porque las prohibiciones sólo alcanzan a los productos dirigidos a menores o a los que la empresa sabe que usan menores. El texto da indicios. Si el juego tiene una cuenta que permite saber que el jugador es menor, la empresa lo sabe. Y el preámbulo cita las clasificaciones por edades, PEGI incluida, como señal de que un producto va dirigido a menores cuando dicen que es apto para menores de 18.
Es la misma PEGI que desde octubre sube a PEGI 16 los juegos digitales con artículos aleatorios de pago. La propuesta no nombra ningún juego, pero el caso que todo el mundo tiene en la cabeza es el de los sobres de Ultimate Team en EA Sports FC 27, los fichajes aleatorios de eFootball o las tiradas de un gacha como Genshin Impact. Con la norma tal como está, un menor no podría comprarlos y un adulto podría quitárselos de en medio.
Las multas las fijaría cada país, con un máximo de al menos el 4 % de la facturación de la empresa en los Estados afectados. En los casos que afecten a toda la Unión, la Comisión podría imponer hasta el 6 % de la facturación mundial.
Y España, con su propia ley a medias
España lleva desde 2022 intentando lo mismo por su cuenta. Aquel año el Ministerio de Consumo publicó un borrador de ley sobre los «mecanismos aleatorios de recompensa», que se quedó en anteproyecto. En junio de 2024 la prohibición de las cajas de botín para menores pasó a la ley orgánica de protección de los menores en los entornos digitales, que aprobó entonces el Consejo de Ministros. Ese proyecto sigue en el Congreso: en junio de 2026 su ponencia todavía estaba aprobando enmiendas.
Si las dos normas salen adelante, la europea es un reglamento: se aplicaría igual en todos los países sin que haga falta trasladarla a la ley española, doce meses después de su entrada en vigor. Hasta que el Parlamento y el Consejo se pongan de acuerdo, no hay fecha.
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